Implicaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero derivadas del Plan Maestro de Fiscalización 2024

Adrián Bueno

Socio Director de Legal

mayo 28, 2024

A inicios de 2024, se presentó el Plan Maestro del Servicio de Administración Tributaria, con el objetivo de incrementar los márgenes de recaudación del contribuyente, mediante un aumento en la fiscalización, la apertura de nuevas oficinas de atención, así como la implementación de modelos de analítica de grafos y machine learning (aprendizaje automático).

Aunque entre sus objetivos principales, encontramos el uso de inteligencia artificial y las mejoras en la atención al contribuyente, destacan principalmente aquellas medidas enfocadas a la fiscalización del cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

En nuestro país existen sujetos dedicados a la realización de actividades legales que pueden llegar a ser utilizados u obligados a efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por ello, con el fin de prevenir la comisión de delitos, la normativa mexicana, a través de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORPI”), establece diversas obligaciones, como son:

  • Identificar a los clientes o usuarios con los que se realizan estas actividades, considerando su actividad, datos fiscales y la existencia de un dueño o beneficiario.
  • Documentar y conservar la información soporte de la actividad vulnerable (expediente).
  • Brindar facilidades para las visitas de verificación que realice la autoridad.
  • Presentar los avisos y/o informes correspondientes, los cuales podrán ser:
    • Avisos normales, cuya presentación se realiza a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente.
    • Avisos de 24 horas.
    • Informe sin operaciones (en ceros).
    • Avisos modificatorios.
    • Por acumulación del valor de la operación.

En caso de incumplimiento en alguna de estas acciones, la legislación contempla diversas sanciones administrativas, pecuniarias y privativas de la libertad, como son:

  • Revocación de permisos y autorizaciones.
  • Multas entre 200 y hasta 65,000 UMAs o del 10 al 100% del valor del acto u operación.
  • Penas desde 2 hasta 10 años de prisión con quinientos a dos mil días multa.

Por ello, es importante analizar las operaciones de la empresa; debido al incremento en las acciones de verificación mediante inteligencia artificial para planear mejor los procesos de recaudación respecto de actividades vulnerables.

¿Cómo podemos ayudarte?

Nuestro equipo de expertos tiene experiencia en todos los aspectos de cumplimiento de las obligaciones que establece la materia:

Autores:

 Adrián Bueno
Socio Director de Legal

Sofía Cardona
Legal

 

Adrián Bueno

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Socio Director de Legal

En Baker Tilly contamos con un área altamente especializada en servicios de Legal.

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