Como consultor de una firma global, es constante la interacción con CEO, CFO, directores generales, consejeros, representantes legales, socios y/o accionistas de corporaciones de diversas dimensiones e industrias.
Al terminar el desahogo de los temas para los cuales se me consulta (comúnmente legales, de impuestos o de comercio exterior), se ha vuelto mi costumbre hacer algunos comentarios/recomendaciones respecto al entorno económico, político, jurídico, etcétera, que rodea al sector productivo nacional.
Mi opinión se vuelve un poco “curiosa” para mis interlocutores y debo reconocer que a veces hasta para mí, ya que después de casi 25 años de servicio público (1994-2018), principalmente en actividades tributarias y aduaneras, mi visión del correcto funcionamiento de una corporación está influida por esa etapa, más que por mi aún no larga, pero sí intensa participación en el sector privado.
Mi comentario/recomendación, reza más o menos así: “Señores directivos/socios/accionistas… antes de concluir con mis servicios, me siento en el deber de recomendarles que en el futuro cercano hagan una revisión a detalle de la forma en que la empresa está funcionando en su estructura corporativa y, por ende en su estructura jurídica”
Es aquí donde todos abren los ojos y preguntan: “¿A qué te refieres, Pedro?”. Verán, señores… es claro que a lo largo de la historia, la constitución de los recipientes jurídicos que le dan vida a los negocios en general (por decirles de una sola manera), y conforme estos negocios van creciendo, se van institucionalizando y dejando de ser negocios familiares; se van creando estructuras corporativas complejas que, muchas veces, comienzan a alejar a los socios/empresarios fundadores, no sólo de la operación rutinaria del proceso productivo o servicio, sino que también de la toma de decisiones directas y por lo tanto del tramo de responsabilidades jurídicas en aras de “cuidar a los dueños”, “proteger a los socios”, “evitar molestias a los señores”, y un sinfín de razones y “recomendaciones” esgrimidas por el notario que es amigo del dueño, y que a su vez es compadre del abogado de la empresa, que también es el secretario del consejo de administración, personaje que, normalmente es contrario a todo cambio, modernización o implementación de alguna medida preventiva, etcétera. ¿Voy bien o me regreso? ¿Les suena conocida esta historia, señores?, me detengo un instante en lo que percibo ciertas sonrisas divertidas… Y entonces se detona la segunda pregunta.
Ok, Pedro, ¿a dónde quieres llegar con el ejemplo? Verán. No es que esto que acabo de narrar brevemente sea bueno o malo. Simplemente así ha sido, es nuestra realidad, sin embargo, la situación ha cambiado y los negocios no están evolucionando a la misma velocidad que las circunstancias.
¿Cuáles circunstancias? En los últimos 20 años, las autoridades fiscales y aduaneras iniciaron la automatización de los procesos de control y fiscalización; aquel 2002 fue el primer año en que se generalizó el pago de los impuestos en México vía internet.
Por lo cual, en estos se ha ido coleccionando información sobre las personas morales, pero también de las personas físicas que los operan y que las integran.
Antes (y por error en algunos hoy en día), dentro de los propios negocios, la situación fiscal corría por cuerda separada de las operaciones de comercio exterior (directas o indirectas) y de la situación fiscal de socios, accionistas, representantes legales o directivos. Esto ha dejado de ser así.
Hoy observamos una estrategia integral de control y fiscalización que abarca y une conceptos como: CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), complementos de CFDI e-firma (antes fiel), fecha cierta, asesores fiscales registrados, trazabilidad y materialidad de las operaciones, dictámenes, revisiones electrónicas, buzón tributario, correo electrónico, cartas invitación, vucem (ventanilla única de comercio exterior), defraudación fiscal, contrabando, delincuencia organizada, prisión preventiva, beneficiarios controladores y un largo etcétera.
En los negocios se sigue operando bajo el viejo esquema. El marco corporativo-jurídico sigue sin evolucionar a las necesidades presentes; lo fiscal, el comercio exterior y la situación individual de socios, accionistas, representantes legales y directivos sigue divorciada. No existe una estrategia integral para tener información transversal oportuna, analizarla, evaluarla, medir riesgo y por lo tanto dar seguimiento a matrices de cumplimiento internas y externas, específicamente en las materias fiscal y aduanera.
Hoy, un socio o hasta un representante legal que no presente una declaración fiscal puede parar el negocio. Puede hacer que se suspendan los certificados digitales para facturar, se bloqueen firmas electrónicas, se cancelen certificaciones IVA-IEPS, OEA, o se pierda el padrón de importadores, sólo por mencionar algunos ejemplos, sin entrar en las responsabilidades jurídico-penales que se puedan derivar de este descuido.
Señores beneficiarios controladores: es urgente revisar las estructuras jurídico-corporativas y alinearlas con las estrategias fiscales, aduaneras y de comercio exterior. No importa el tamaño del negocio.
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Pedro Canabal
Socio de Comercio Exterior e Impuestos