Apenas era el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando grandes contribuyentes, como Walmart, América Móvil, BBVA México, Grupo Modelo, IBM, FEMSA, Grupo BAL y Grupo Salinas se formaron para ponerse al corriente con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Nunca antes un gobierno se había concentrado en fiscalizar a las compañías con ingresos superiores a los 1,250 millones de pesos al año.

El gobierno puso más en cintura a los grandes contribuyentes, pero esto no fue suficiente para saciar el gasto público creciente por programas sociales, obras insignia e intereses de la deuda.

Tanto, que un año de presupuesto del programa de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores (465,048 millones de pesos para este año) se devoró el crecimiento respecto a todo el sexenio pasado de ingresos que Hacienda obtuvo en cinco años por fiscalización a grandes contribuyentes, que ascendió a 502,216 millones, un crecimiento real de 57%, según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Cuando llega el actual gobierno recibe una administración tributaria modernizada con una serie de dispositivos tecnológicos a disposición del contribuyente que te permite formar declaraciones prellenadas, listas para revisar, darle enviar, cobrar o devolver saldos a favor.

Con esto crea perfiles de riesgo que le permiten al fisco hacer un análisis y una discriminación de datos para determinar un costo-beneficio”, explica Pedro Canabal, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly.

En 2002 fue cuando se comenzaron a emitir las primeras facturas electrónicas, desde ese momento la autoridad comenzó a tener un cúmulo de información para su análisis, saber lo que se vendió, en cuánto tiempo, si hubo impuestos trasladados, si hubo omisiones y notificarlo a través del buzón tributario. “Todo nada más para que digas sí, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo”, platica Canabal.

Todo esto permite al inicio de la actual administración, con Margarita Torres Fajat (2018-2019), y posteriormente con Raquel Buenrostro (2020-2022) a la cabeza del SAT, identificar a grandes contribuyentes con adeudos. Además, desde el primer año de la actual administración el gobierno rompió con la tradición de brindar amnistía fiscal a los grandes contribuyentes cada inicio de sexenio.

El plan maestro

La estrategia llegó con el Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, enfocado especialmente en grandes contribuyentes, que siguió el SAT desde 2020, y que radica en revisar la contabilidad de las empresas, realizar auditorías a sectores específicos como el automotriz, de bebidas alcohólicas, comercio mayorista y minorista; además de la publicación de tasas efectivamente pagadas por las empresas por sectores para establecer porcentajes mínimos para el pago de impuestos.

El plan, que se extendió a las operaciones de comercio exterior en 2022, ha dejado jugosos recursos para las arcas públicas. La fiscalización a grandes contribuyentes generó 2.3 billones de pesos al erario público en 2023, cuando en 2018, último año de la administración pasada generó 1.5 billones.

Como resultado de los esfuerzos para la regularización por auditoría y la eficiencia recaudatoria, al cierre de 2023 se alcanzó un monto de 757,155 millones de pesos. Esto es, 140,874 millones más que en el mismo periodo de 2022, esto representa un incremento en términos reales de 16.4%, asimismo, respecto de 2018, se ha presentado un incremento de 477,508 millones en términos nominales, lo que implica un incremento en términos reales de 110%.

Los esfuerzos de la autoridad han permitido mantener a los ingresos tributarios como la fuente principal del financiamiento del sector público. De 2018 a 2023, la recaudación de impuestos creció 47.50%, principalmente impulsada por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que creció 50.5%.

“Los efectos de acciones como la eliminación de la compensación universal, la catalogación como delito del fraude fiscal y la eliminación de condonaciones a grandes contribuyentes han demostrado que es posible incrementar los ingresos tributarios sin aumentar, ni crear nuevos impuestos”, comenta el titular de Hacienda, en su comparecencia por la glosa del V Informe de Gobierno a Diputados.

En promedio, en los primeros cinco años de gobierno los ingresos tributarios representaron el 13.42% del PIB, cuando en los primeros cinco del sexenio anterior, el promedio fue de 11.46%, refieren cifras de Hacienda.

En crecimiento

A la sombra de los esfuerzos por recaudar más, crecen las necesidades del gasto público. Desde 2008 el dinero que gasta el sector público es mayor a los ingresos que llegan a las arcas públicas por el pago de impuestos, derechos, exportación y venta petrolera. En 2022 y 2023 se registró la brecha entre ingresos y gasto más grande desde 2014, cuando fue de 4.4% del PIB; en ambos años fue de 4.3%, para el cierre de este año Hacienda espera que llegue a 5%, el nivel más alto del que se tiene registro.

“A pesar de que se hicieron muchos recortes, también hubo incremento en algunos gastos, especialmente las transferencias y subsidios por el programa de los adultos mayores. Lamentablemente se empezó a gastar en él sin tener prevista una fuente de financiamiento, el programa ha ido creciendo, y aún no pasamos por la etapa de amplío envejecimiento”, considera Mariana Campos, directora general de México Evalúa.

“La cuestión es que los esfuerzos del SAT se quedaron cortos frente a los gastos prioritarios, se concentraron en las grandes cuentas de los contribuyentes, mientras no ha sido tan efectiva la fiscalización como hubiera sido deseable,” comenta Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

Pese a una política de “austeridad republicana”, las prioridades y obligaciones quedaron claras a lo largo del sexenio. Por ejemplo, en 2019 se aprobaron 100,000 millones de pesos del presupuesto de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, para 2024 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 465,048 millones. Si a este gasto le sumamos lo que se aprobó para 2024 por pensiones vitalicias (IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex) 1.499 billones de pesos, ambos conceptos absorben el 21% del gasto neto, cuando en 2019, al inicio de la actual administración, se llevaron 17%.

En tanto, el Tren Maya, AIFA y Refinería Olmeca tuvieron un precio final por 883,097 millones de pesos en conjunto, lo que representó un sobrecosto, en comparación con el precio original, por 484,233 millones, poco más de todo lo que se recaudó por IEPS en 2023.

“La política de austeridad ha sido selectiva, puesto que hay ramos administrativos que han sido beneficiados con mayor asignación de recursos”, refiere el documento Austeridad, debilidad institucional y presupuesto del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Lejos de ver un recorte al gasto público neto, este se incrementó 20.5%, de 2018 a 2024, mientras los ingresos totales incrementaron 14.4%, situación que se compensó con un incremento del endeudamiento de 158.5%, refieren cifras del CIEP.

El problema de incrementar tus gastos sin tener garantizadas fuentes extras de ingresos para programas u obras prioritarias, es que jalas recursos de otros rubros; completas el gasto con deuda, con ingresos no recurrentes; “en esta administración se extinguieron fideicomisos y el dinero de estos se fue para programas sociales, lo que no es meramente redituable para la economía”, explica Edson Valdés, profesor e investigador de la Universidad Veracruzana en materia de Economía y Finanzas Públicas.

A la par, otros gastos obligatorios como los intereses por la deuda, el pago de nómina de los servidores públicos, y transferencias a los estados crecen año con año, absorbiendo más del 80% del gasto total.

A la baja

Tampoco hubo una reforma tributaria en el sexenio para incrementar las fuentes de ingresos por cobro de impuestos o liberar recursos por revisiones a los gastos. Y para rematar, los ingresos petroleros reportaron sus niveles más bajos respecto al PIB y al gasto público en 2020 y 2023. Hacienda espera peores índices para 2025, en vista de menores precios para el petróleo crudo a nivel global y una menor plataforma de exportación, refieren los Precriterios Generales de Política Económica para el siguiente año.

“Las finanzas públicas se despetrolizan, esto implica menos dinero por la venta y exportación de petróleo, pero también, una oportunidad para recaudar por la parte del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas y diésel, ante la baja de sus precios en el mercado internacional, pero no lo suficiente para compensar la falta de ingresos por un menor precio de la mezcla (mexicana de petróleo)”, considera Arturo Carranza, director de Proyectos de Energía en Akza Advisors.

Esto ya lo prevé Hacienda, y por primera vez en el sexenio propone un recorte sustancial al Presupuesto de 2025, cercano al medio billón de pesos; lo que representa una caída de 8.8% frente al gasto esperado para este año. Esta será la segunda caída más marcada desde 2017, cuando el presupuesto cayó 8.6% real anual, refieren datos de la SHCP.

No obstante, para los 70 programas prioritarios del actual gobierno se proponen incrementos para 2025. Tan solo 10 programas prioritarios se llevarán 747,631 millones de pesos, descobijando el gasto que se destina a proveer bienes y servicios públicos, como salud, educación y seguridad.

La política de gasto, en lo que resta de 2024 se enfocará en la culminación de las obras de infraestructura iniciadas en 2019, y a la provisión de múltiples programas sociales. Por lo que se planteó un déficit de 5% del PIB, “hay momentos en que cada economía y cada proyecto necesitan acelerar el gasto”, comentó Ramírez de la O, en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El funcionario explicó que como dichas obras insignia no implicarán un gasto recurrente, el déficit en 2025 logrará reducirse hasta 2.5% del PIB.

Pese a los buenos deseos, los especialistas consideran que la próxima administración federal tendrá que poner sus esfuerzos en aumentar las fuentes de ingresos, no sin antes llevar a cabo una revisión minuciosa al gasto público para hacerlo más eficiente.

“Ya es momento de una reforma fiscal, que no se ha dado en los últimos siete años, la parte en materia tributaria no se cuestiona porque la aparición de nuevas tecnologías te obliga a modernizarte. Sin embargo, para el tema de la reforma fiscal, va a depender mucho del bono político que obtenga el ganador, es decir, la influencia que va a tener, derivado de los que se obtenga en el Congreso”, considera Pedro Canabal.